La Confesión

Epílogo

El 22 de diciembre, el gran jurado del condado de Chester, convocado -cosa rara- en sábado, encausó a Travis Boyette por el rapto, agresión sexual y asesinato de Nicole Yarber. El fiscal provisional del distrito, Mike Grimshaw, había entrado a desempeñar el cargo con órdenes estrictas del juez Henry de que obtuviera el acta de acusación.

Era un día elegido a conciencia por el juez Henry para que coincidiese con el noveno aniversario de la detención de Donté Drumm. A la una del mediodía llegó mucha gente a la sala para una vista poco frecuente. Robbie había elevado la petición de que se declarase inocente a Donté y se le absolviese, y el estado, por mediación de Grimshaw, no la impugnó. El juez Henry quería que se informase del acontecimiento y se le diera publicidad, pero detestaba la idea de tener cámaras en su sala, y así, aunque hubo varios reporteros entre los presentes, ninguno llevaba cámara.

Fue otro de los espectáculos de Robbie Flak, que a lo largo de una hora repasó los hechos como si no los conociera nadie, subrayando los errores, mentiras, manipulaciones y demás. Como el desenlace de la vista estaba claro, se abstuvo de fustigar a nadie. Al final de su intervención, Mike Grimshaw se levantó.

– Señoría -anunció-, el estado de Texas no discute ninguna de las afirmaciones del señor Flak.

A continuación, el juez Henry leyó una breve orden, preparada a todas luces mucho antes de la vista, cuya última frase rezaba así: «Ante lo claro y convincente de las pruebas, este tribunal resuelve que el acusado, Donté L. Drumm, no es culpable de todas las acusaciones, es inocente por completo de todas las acusaciones, y por lo tanto queda total y absolutamente exculpado. De parte de este tribunal, y del estado de Texas, presento disculpas sinceras, y del todo insuficientes, a la familia Drumm». Después firmó la orden con gran dramatismo, antes de entregársela a Robbie. Tal como estipulaba el guión, este se acercó a la baranda y se la dio a Roberta Drumm, que estaba en la primera fila.

El Tribunal Penal de Apelación de Texas seguía en su búnker. Un topo había empezado a susurrar, y en cuanto se supo algo del «juez de guardia» la noticia salió en primera plana. A pesar de que era cierto que el tribunal cerraba a las cinco de la tarde, incluso los días en que había ejecución, su presidente, Prudlowe, asignaba a uno de los nueve jueces la labor de juez de guardia, físicamente presente en el interior del edificio, con el deber de supervisar las apelaciones de última hora. En teoría, los abogados que tenían poco tiempo podían llamar por teléfono al juez de guardia y obtener algún tipo de respuesta del tribunal. Era una idea sensata, que ya se aplicaba en otros tribunales con responsabilidad de vida o muerte. La noticia, sin embargo, estalló al saberse que los letrados texanos expertos en pena de muerte no sabían nada sobre el uso de jueces de guardia por el tribunal. Su existencia era mantenida en secreto por el propio tribunal. En consecuencia, a las 17.07 del día de la ejecución de Donté, cuando Cicely Avis llegó al Tribunal Penal de Apelación de Texas y usó la mano con la que no sujetaba la caja de papeles para aporrear la puerta cerrada con llave, lo cierto era que en el piso de arriba había un juez, supuestamente de guardia.

El tribunal anunció que adoptaría la tramitación electrónica de todas las peticiones y alegatos, pero negó que este cambio de proceder fuera consecuencia del caso Drumm.

La Comisión sobre Conducta Judicial del estado presentó una queja contra Prudlowe. Pasarían dos años antes de que dicha comisión resolviera que, si bien la conducta del juez había sido poco profesional, carecía de perjuicios graves, y por lo tanto el juez debía conservar su puesto.

Junto con la petición no tramitada iba la declaración jurada con la firma de Joey Gamble, supuestamente el único testigo presencial del juicio. Los expertos en jurisprudencia analizaron la importancia de su retractación de última hora, y lo que debería haber hecho -o habría hecho- con ella el tribunal.

Joey se fue de Slone, y luego de Texas. Al culparse de lo ocurrido a Donté, solo le consolaba la botella.

El 28 de diciembre, último viernes de 2007, a las cuatro y media de la tarde, Keith y Dana entraron en una sala vacía del juzgado de Topeka, donde los esperaba Elmo Laird. También se presentó Matthew Burns, para darles su apoyo moral, aunque Keith no lo necesitase. Apareció un juez, y luego un ayudante de fiscal. En menos de diez minutos, Keith se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Fue multado con mil dólares y condenado a un año de libertad a prueba y otro de libertad condicional no vigilada. Elmo Laird confiaba en que en el plazo de tres años sus antecedentes quedarían eliminados.

Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Keith contestó:

– Sí, señoría. Si se me presentase la oportunidad, volvería a hacer lo mismo.

A lo que el juez respondió:

– Dios lo bendiga.

Tal como era de prever, el Monje informó a Keith de que se le daba inmediatamente de baja. Keith le dijo que no se preocupase, que ya dimitía él. El domingo anunció a sus feligreses de St. Mark que se marchaba, para ser pastor titular de la Iglesia Luterana Unida de Austin, Texas.

Ahora Travis Boyette se enfrentaba a cadena perpetua en Kansas, pena de muerte en Missouri y pena de muerte en Texas. Los tres estados estuvieron un año discutiendo -con frecuencia de manera pública- qué hacer con él. Cuando Boyette dijo a un juez de Kansas que a Nicole la había estrangulado en Missouri, el juez ordenó su traslado al condado de Newton. Dado que había confesado repetidas veces, Boyette no quiso defenderse en juicio. Dieciséis meses después de su viaje a Slone, fue condenado a morir por inyección letal y enviado al correccional de Potosi.

Paul Koffee acabó siendo expulsado de la profesión por una comisión estatal de ética. Se fue de Slone y se hizo fiador judicial en Waco. Drew Kerber se declaró en quiebra y se marchó con su familia a Texas City, donde encontró trabajo en una plataforma petrolífera.

Martha Handler fue la primera en publicar, y lo hizo con el primer libro de lo que prometía ser todo un alud sobre el caso Drumm. Estuvo casi un año en la lista de los más vendidos. Su relación con Robbie y la familia Drumm se agrió por desavenencias sobre el reparto del dinero.

El procesamiento de Travis Boyette y la absolución de Donté Drumm aumentaron todavía más la presión sobre el gobernador Gilí Newton para que convocase a la cámara legislativa en Austin con el fin de debatir las consecuencias de la ejecución. El gobernador y sus asesores habían tenido la esperanza de que el paso del tiempo hiciera disminuir el interés por el tema, pero no fue así. Los contrarios a la pena de muerte ponían más empeño que nunca, aguzaban sus tácticas y recibían el apoyo de gran parte de la prensa nacional. El grupo negro de parlamentarios, encabezado por el senador Rodger Ebbs, de Houston, hacía oír su voz más que nunca. Cada vez parecía más posible que cumplieran su promesa de suspender el gobierno del estado hasta que se celebrase una sesión especial. Por otra parte, las encuestas no respaldaban la postura del gobernador. Una clara mayoría de texanos deseaba que el estado examinase atentamente la cuestión de las ejecuciones. Los ciudadanos seguían estando a favor de la pena de muerte por un amplio margen, pero querían garantías de que su uso se limitara a quienes fueran realmente culpables. La idea de una moratoria era objeto de debates muy generalizados, y poco a poco iba ganando apoyo.

Al final fueron más fuertes las encuestas, y el gobernador Newton convocó al Capitolio a los treinta y un senadores y a los ciento cincuenta parlamentarios. Al ser él quien marcaba los límites de lo que podría debatirse, el orden del día quedó así: primero, una resolución sobre Drumm; segundo, una moratoria en las ejecuciones; y tercero, la creación de una comisión de inocencia para estudiar los problemas. Tardaron tres días en aprobar la resolución, que en su redactado final declaraba absuelto de toda culpa a Donté y concedía un millón de dólares a su familia. En la propuesta inicial, avalada por todos los miembros del grupo negro de parlamentarios, la cantidad solicitada eran veinte millones, pero el proceso legislativo la dejó en uno solo. El gobernador, un águila de las finanzas conocido por su tacañería -al menos en campaña-, expresó como siempre su preocupación por «el gasto excesivo del gobierno». Cuando el Houston Chronicle publicó la notica en portada, desveló que el gobernador y su personal se habían gastado más de cuatrocientos mil dólares en su reciente viaje a Faluya para luchar contra el terror.

La propuesta de moratoria desencadenó una guerra política. En su redactado original, pedía suspender todas las ejecuciones durante dos años, plazo en el que se estudiaría la pena de muerte desde todos los ángulos posibles, y por todo tipo de comisiones y de expertos. Las sesiones del comité fueron televisadas. Entre los testigos había jueces jubilados, activistas radicales, investigadores conocidos y hasta tres hombres absueltos después de varios años en el corredor de la muerte. Las bulliciosas manifestaciones frente al Capitolio eran prácticamente diarias. Hubo varios brotes de violencia, porque los defensores de la pena de muerte se acercaban demasiado a sus adversarios. El circo que tanto temía el gobernador había llegado a la ciudad.

Desde el principio de la polémica sobre la moratoria en el Senado, la Cámara de Representantes empezó a trabajar en lo que al principio se llamó Comisión Donté Drumm sobre la Inocencia. Se concibió como una comisión a tiempo completo, con nueve miembros que estudiarían las raíces de las condenas injustas y se esforzarían por subsanar los problemas. En aquel momento, el número de absoluciones en Texas ascendía a treinta y tres, casi todas por pruebas de ADN, con una proporción alarmante en el condado de Dallas. Hubo otra serie de sesiones del comité, en las que no faltaron testigos entusiastas.

Tras instalarse a fines de enero en su nueva casa, Keith y Dana fueron a menudo al Capitolio, para asistir a los debates. Participaron en varias manifestaciones, y vieron cómo la asamblea legislativa se resentía del complejísimo proceso de abordar un problema importante. Como la mayoría de los observadores, pronto tuvieron la impresión de que nada cambiaría.

Mientras se eternizaba la sesión especial, empezó a aparecer en las noticias el nombre de Adam Flores. Tras veintisiete años en el corredor de la muerte, su ejecución estaba programada para el 1 de julio. Antaño, Flores había sido un traficante de drogas de poca monta que, en una mala noche, había matado a otro tan insignificante como él. Sus apelaciones eran historia. No tenía abogado.

La asamblea legislativa suspendió sus actividades a finales de marzo, y volvió a reunirse durante la primera semana de mayo. Tras varios meses de feroces luchas intestinas, lo obvio prevaleció. Había llegado el momento de olvidarse de aquella pequeña guerra y de volver a casa. En la votación final, la moratoria quedó descartada por diecinueve votos contra doce, sin ningún voto tránsfuga. Dos horas más tarde, la Cámara de Representantes arrojó setenta y siete votos en contra y setenta y tres a favor de crear la comisión de inocencia.

El 1 de julio, Adam Flores fue acompañado a Huntsville y recibido por el director, Ben Jeter. Lo pusieron en la celda de detención, donde habló con el capellán de la cárcel. Comió por última vez (bagre frito), y rezó su última oración. A las seis en punto de la tarde hizo el corto recorrido hasta la cámara de ejecuciones, y veinte minutos más tarde lo declararon muerto. No hubo testigos, ni de su lado ni del de la víctima. Como nadie reclamaba su cadáver, Adam Flores fue enterrado en el cementerio de la cárcel, junto a otros muchos reclusos del corredor de la muerte a quienes no reclamaba nadie.